La empresa mendocina, productora de energía renovable y de equipos para la industria realizó, en asamblea de socios, el aumento de su capital para que el estado nacional ingrese con una participación accionaria del 63,7%, aportando $1.360.000.000; el gobierno mendocino que aportó $430.000.000 obtendrá el 21,2% y el restante 15,1% de las acciones corresponderá a los socios privados de la empresa.

El motivo de la intervención estatal en IMPSA es evitar su quiebra. La empresa cuya deuda ronda por el medio millón de dólares, había ingresado a concurso en el año 2014 y a finales del año pasado lograron un acuerdo con sus acreedores para reestructurarla.

Es importante destacar en este tema diversos conceptos, primero podemos definir como el género a la estatización proceso que implica que el estado pase a ser el dueño de una empresa que pertenecía a sujetos privados, una expropiación es un modo o especie de estatización. Por otro lado tenemos las sociedades de economía mixta (como YPF), las cuales se componen por aportes de privados y del estado. Vulgarmente, cuando en dichas sociedades el estado obtiene una mayoría considerable del porcentaje accionario, como es el caso de IMPSA, se lo considera una especie de estatización.

En la República Argentina existen varios antecedentes donde el estado se involucró en empresas privadas, los más conocidos se produjeron durante la presidencia de Nestor y Cristina Kirchner, como por ejemplo las expropiaciones de Aerolíneas Argentinas (2008), el 51% de YPF (2012) y AySA (2006). Otra empresa estatizada por el estado fue el Correo Argentino en el año 2003, donde Nestor Kirchner estatizó los activos de dicha compañía mientras que los pasivos quedaron para el grupo concesionario del servicio (Grupo Macri), sin recibir indemnización.

Uno de los argumentos utilizado por el gobierno nacional sobre la estatización de IMPSA, empresa que supo estar entre los líderes mundiales en la producción de equipos industriales, es el avenimiento de dólares que producirá para el estado, que como ya sabemos es uno de los bienes más preciados. Ahora, viendo un poco el pasado sabemos que la empresa entró en quiebra en el año 2014, desde ese entonces no han podido subsanar su deuda, solo reestructurarla, ¿Qué le hace pensar a los gobernantes que IMPSA va a volver a producir como lo hacía durante el siglo pasado, si hace décadas la empresa se viene en picada? Los gobiernos nacional y provincial mendocino “compraron un muerto” que, para el bien del país, esperemos que resucite.

La diferencia con el caso de Vicentín es que la empresa no poseía una deuda del tamaño que tiene IMPSA, a la aceitera santafesina se le imputaban algunos manejos irregulares pero no se encontraba en la situación crítica que vive la empresa mendocina.

Los antecedentes de estatizaciones no acompañan a los gobiernos donde hubo un “Kirchner” en el mandato, deudas millonarias en dólares que al día de hoy pesan sobre la espalda de todos los argentinos. “Al César lo que es del César”, en los países donde el estado como persona jurídica pública, ha evitado su participación en la actividad privada, han logrado un desarrollo socioeconómico superior al de aquellos países cuyo gobierno ha sido más empresario que servidor público.