La  causa “Vialidad” se trata de una asociación ilícita en donde presuntamente se otorgaron licitaciones públicas a empresas de una forma que no condice con la que determina la ley.

En estos primeros días de agosto del año 2022 se está llevando a cabo una de las causas judiciales que puede preocupar a Cristina Fernández, es el juicio por asociación ilícita denominado por todos como la causa de “vialidad”.

La actual vicepresidenta se está enfrentando a un juicio que posiblemente –pero poco probable- pueda concederle una condena desfavorable, recordamos las causas anteriores como por ejemplo Hotesur y Los Sauces en donde la funcionaria fuera sobreseída, es decir, que las acusaciones en su contra fueron desestimadas por un tribunal.

La  causa “Vialidad” se trata de una asociación ilícita en donde presuntamente se otorgaron licitaciones públicas a empresas de una forma que no condice con la que determina la ley.

Pero vamos por partes, en primer lugar tenemos que entender que es una “asociación ilícita” para la ley penal, nuestro código nos dice que aquellas relaciones que se generen 3 o más personas a los fines de cometer delitos serán condenadas con prisión efectiva de 3 a 10 años. Algo para destacar, es que la ley condena la asociación ilícita, o sea que con sólo pertenecer a esta organización cuyas actividades contradicen la ley, se está incurriendo en el delito descripto.

Esta asociación, objeto de la causa Vialidad, se encargaba de conceder licitaciones públicas a determinadas empresas de una forma, supuestamente, poco legal. Licitación pública es el proceso que utiliza el Estado (Nacional, Provincial o Municipal) para contratar a determinada empresa y que ésta se encargue de la prestación de un servicio o la construcción de obras públicas. Esta licitación tiene formalidades, legalidades, pasos que deben seguirse para que la concesión de la obra o del servicio sea legítima.

La acusación, llevada adelante ahora por el fiscal Diego Luciani, entiende que durante los gobiernos de Nestor Kirchner y posteriormente en la presidencia de Cristina Kirchner se realizaron licitaciones públicas de tal manera que se defraudó al estado, por lo que consiguientemente se puede decir que hubo corrupción –en el caso de que las acusaciones sean ciertas-.

Las empresas con las cuales el estado –los Kirchner- contrataron están relacionadas con el ex socio empresarial de Nestor, Lázaro Báez. Otros nombres que se encuentran en la causa son el de Julio de Vido, como ex ministro de planificación federal y servicios públicos, y al ex secretario de obras públicas José López –reconocido por tirar bolsos a un convento-.

Durante 12 años se mantuvo esta asociación que tenía como jefes a Nestor y Cristina Kirchner –según las acusaciones de la fiscalía-, además se menciona en la acusación que los fondos públicos extraídos ilegalmente ascienden a millones de pesos.

Con respecto a la prisión efectiva Cristina Fernández de Kirchner se enfrenta desde 5 a 16 años de cárcel, pese a todos los intentos de CFK de que la causa sea declarada nula mediante solicitudes ante la Corte Suprema referidas a la deficiencia de las pruebas presentadas por la fiscalía o para indicar que su sobreseimiento ya estaba dado en la causa, estas peticiones fueron rechazadas por el máximo tribunal.

El juicio iniciado en 2019 se estima que finalice en los próximos meses, Cristina Kirchner podría encontrarse ante una parada legal complicada, de las más resonantes durante su carrera política, el 1 de agosto comenzaron las últimas audiencias con una ferviente actitud del fiscal Diego Luciani que intentará ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso esclarecer la verdad en los hechos mencionados en esta nota.