“Con el rechazo de todo el frente opositor, todo nos indicaría que al llegar el Juicio a la Cámara de Diputados este no pasaría a la Cámara de Senadores por no tener el Frente de Todos los votos suficientes.

En estos últimos días se ha hablado mucho, en el ámbito político, del juicio político que el oficialismo –Frente de Todos- impulsa en contra de los 4 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hay varios puntos para analizar este accionar político, como saber quien lo impulsa, que se necesita para hacerlo efectivo y como repercute eso en la estructura institucional nacional.

Creo que lo principal a destacar es que el proceso de juicio político lo impulsa el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Como bien algunos saben nuestra Constitución adopta una forma “republicana” de gobierno (artículo 1°), esto implica que el Estado se divida en 3 poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- para que entre ellos exista un control y ninguno intente avanzar en contra de los derechos de los ciudadanos. 

No hay que malinterpretar, el presidente como ciudadano tiene la facultad de iniciar un juicio político en contra de los magistrados de la Corte porque así lo admite nuestra Carta Magna, por lo que –en principio- se puede hablar de una maniobra legal por parte del ejecutivo.

Entonces, ¿Por qué resulta sorpresivo que Alberto Fernández impulse el juicio político contra la Corte? Porque básicamente se está alterando la esencia del sistema republicano de gobierno que consagra la Constitución, sistema que nace para defender la libertad de los ciudadanos, ¿De qué modo? Logrando un equilibrio entre los 3 poderes para evitar la dominación o avasallamiento de uno de ellos sobre los derechos del individuo.

Todos los miembros de la Corte están inmersos en esta causa (Rosenkrantz, Maqueda, Rosatti y Lorenzetti) y la causal por la cual el presidente impulsa el juicio político es por “mal desempeño” (art. 53 CN) de los magistrados en diversas causas, dentro de las cuales se encuentra la causa sobre la coparticipación de CABA.

Para hacer efectivo el juicio político primero se forma una Comisión del mismo, en ella se vota si es pertinente o no iniciar el proceso y luego, si el voto resulta afirmativo comienza la etapa de investigación. Finalizada la etapa en la Comisión,  se eleva a la Cámara de Diputados la cual deberá votar –con la mayoría de 2/3- si se acusa o no a los miembros de la Corte ante el Senado, de resultar afirmativa la votación el Senado tiene la última palabra y –con mayoría de los 2/3- definirá la destitución –o no- de los magistrados.

Hoy en día el proceso se encuentra en la etapa de la Comisión, la cual aprobó iniciar una investigación en contra de los Jueces. La votación en dicha comisión fue 16-15, con el rechazo de todo el frente opositor, lo que nos indicaría que al llegar el Juicio a la Cámara de Diputados este no pasaría a la Cámara de Senadores por no tener el Frente de Todos los votos suficientes.