La pandemia de COVID-19 está teniendo un significativo impacto sobre la población, los sistemas de salud, los programas de salud pública y las economías de todo el mundo.

La prioridad sin lugar a duda es prevenir la infección, reducir la transmisión y brindar una atención y un tratamiento adecuado a los pacientes con COVID-19, sin dejar de lado las enfermedades no transmisibles (ENT) o no-COVID.

Hacer frente a esta enfermedad silenciosa implicó un aumento del 40% de la disponibilidad de unidades de terapia intensiva, con el consiguiente aditamento de camas, recursos humanos y equipamiento técnico adecuado.

El Gobierno, haciendo eco de sus logros, destaca la construcción de 12 hospitales modulares en distintas jurisdicciones, la elaboración local de equipos de protección personal y respiradores, la elaboración de kits de diagnóstico y serológicos y el estudio del uso de suero equino como potencial tratamiento de COVID-19 para la disminución de la propagación del virus en el organismo.

No obstante, es de fecha reciente una situación de absoluta inmoralidad, hipocresía y apropiación de lo público. El ‘’vacunagate’’ o ‘’vacunatorio VIP’’ es un hecho en un nuestro país; mientras la mayoría de los ciudadanos espera su turno para vacunarse, debido a la escasez de vacunas que llegan desde el exterior, se reprodujeron denuncias en distintas provincias argentinas por la aplicación irregular de dosis, por un lado, y por la falta de vacunas para el personal esencial anotado para recibirlas, por otro.

El “vacunagate” estalló el viernes cuando Horacio Verbitsky, periodista de investigación, contó públicamente haber recibido la Sputnik V en una dependencia ministerial. Pocas horas después, diario Clarín aseguraba que el ministro de Exteriores, Felipe Solá, el diputado Eduardo Valdés, amigo personal de Fernández, el ex senador Jorge Taiana y el poderoso sindicalista Hugo Moyano, así como parte de su familia, habrían recibido el mismo trato preferencial. La lista se completaría con un par de empresarios y un médico de 94 años.

En ese contexto, el principal efecto político fue la renuncia de Ginés González García como ministro de salud y una seguidilla de reuniones en la casa de gobierno para resolver de manera inmediata su vacante.

La transparencia, la solidaridad y la ética de la democracia a la que aludió el actual jefe de Estado Alberto Fernández, se ha visto una vez más quebrantada. En el marco de este escándalo, aun con faltantes de dosis para el personal de salud, esenciales y adultos mayores, miembros de la oposición, profesionales de la salud y ciudadanos en general exigen la publicación de datos y protocolos, hasta el momento ocultos a la ciudadanía, que han permitido que se lleve adelante la aplicación de dosis a los amigos del oficialismo.

Por otro lado, en miras a los próximos comicios legislativos, el Gobierno aseguraba que en el mes de septiembre todos los habitantes estarían inmunizados, lo que, en definitiva, no hace más que evidenciar que en medio de una crisis económica y con un índice de pobreza cercano al 50% de la población, la posibilidad de vacunar a la mayoría de los argentinos es la única oferta electoral plausible con la que cuenta el peronismo de cara a la contienda.

Lo sucedido revela una crisis política con gran daño institucional para el gobierno y su imagen presidencial y un arrebato a la esperanza y la salud de millones de argentinos.