Por Leonardo Barreto
Las armas de fuego, nos guste o no, son parte de la vida cotidiana del ser humano.
Y más allá de que su tratamiento siempre resulte un tema controversial, es necesario debatirlo para solucionar una problemática que aqueja a toda la sociedad: La inseguridad.
Estos últimos años, producto de las malas políticas gubernamentales, la inseguridad ha aumentado a niveles preocupantes, al punto de que todos tenemos un amigo o un familiar que ha sido víctima, o conoce a alguien, que fue víctima de un hurto o de un robo que incluso, actualmente, culmina con un homicidio, como fue el mediático caso del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía. Todo esto sin contar a su vez los casos de violencia de género y abuso sexual en todos sus grados, que van desde el simple manoseo al acceso carnal, donde primordialmente las mujeres han estado en un gran estado de indefensión.
Las fuerzas policiales, sea por imposibilidad material al no estar presente ante la comisión del hecho, por negligencia, imprudencia e impericia propia o de sus superiores, son insuficientes para parar esta ola de delitos; y muchas veces terminan siendo parte del problema, sea por la criminalización de la pobreza en los sectores populares, por la corrupción en sus filas o por el abuso en el ejercicio de sus funciones, como en el controversial caso del joven futbolista Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires.
Ante el riesgo que corre el ciudadano, principal víctima de la inseguridad, y el desamparo que sufre por parte del estado en sus diferentes grados, se tiene que empezar a debatir un tema que siempre viene acompañado de mucha polémica: El derecho a la portación de armas de fuego.
Siempre se debe partir de la base de que las armas de fuego no son un juguete y que no cualquier persona puede adquirirlas. Sin embargo, actualmente, son más las personas con conductas antisociales que poseen un arma, que las personas honestas. Un desbalance que no puede ser permitido.
Los delincuentes las obtienen a través de canales ilegales, que van desde el mercado negro, hasta obtenerla a través de un amigo o familiar perteneciente a las fuerzas de seguridad, que puede o no estar en funciones; mientras que el ciudadano de a pie no se dedica a estar en esos submundos criminales y por ende no la obtendría por esa vía, sino que lo haría por la vía legal, que en este momento es casi inexistente.
¿Tienen que ser reguladas? Sí, hay que darles un marco normativo en el derecho positivo, que puede ser modificando y flexibilizando la Ley Nacional de Armas y Explosivos (Ley 20429).
¿Cómo tienen que ser reguladas? Con una licencia que vaya por niveles de armas para que tenga acceso todo aquel que quiera poseer un arma (que van desde la taser para las personas de 21 años) con fines defensivos.
¿Cuáles deberían ser los requisitos? Que sea mayor de 21 años, sin antecedentes penales, y que apruebe un conjunto de pruebas psicológicas llevadas a cabo por un experto en dicha área; sin caer en la típica burocratización por parte del estado para dificultar su obtención. Las licencias tendrán que ser renovadas año a año con los mismos requisitos exigidos previamente para llevar el control de las mismas y para la adquisición de armas de mayor calibre. Toda esta información tendrá que ser recabada para formar parte de una base de datos y así llevar un control de quién tiene un arma, la numeración de la misma u otro elemento distintivo, el nivel en el que se ubica y la cantidad de armas en posesión.
Este planteo no insta a que la regulación esté exenta de poder presentar irregularidades como cualquier otra en su planteamiento y posterior legislación, pero cuando el monopolio de la violencia no estatal lo manejan los delincuentes en tiempos de crisis, el derecho de los ciudadanos de bien a la vida, a la seguridad y a la legítima defensa personal o de un tercero inocente (a través de un medio razonablemente proporcional frente a la posible amenaza con la que se encuentren), tienen que dejar de ser letra muerta en la Constitución y en el Código Penal, y pasar a ser un problema a priorizar por parte de todos los poderes del estado para darle un efectivo tratamiento.
Las armas en su defecto terminan siendo un medio defensivo que no solo pone un freno a la delincuencia, sino que intrínsecamente ponen un freno a cualquier gobierno que tenga ínfulas dictatoriales, ya que estos no podrían disponer de las fuerzas armadas ni de las demás fuerzas de seguridad para reprimir una sociedad armada, ya que el total de las mismas no representan ni el 5% de la población total de Argentina.
Además, que el ciudadano común porte armas y las use dentro del marco de la ley para defenderse, disminuye no solo la inseguridad al subir el costo esperado de la actividad del delincuente, sino que también le quita un gran peso fiscal al estado, ya que puede destinar una gran parte del personal policial a cuestiones que quedan de segundo orden, como la investigación de hechos no resueltos y a destinar parte del presupuesto a la adquisición de tecnología e instrumentos que permitan brindar más seguridad. A su vez, el blanqueamiento del mercado de armas te permite llevar un mayor control y seguimiento del tráfico de las mismas para dar con la persona que abuse del derecho o cometa una desviación del derecho inicial.
“Lo único que detiene a una mala persona con un arma, es una buena persona con un arma.“
