En estos días se ha puesto en vilo el proceso que realiza el gobierno Nacional para adquirir vacunas y poder reducir las muertes y contagios que día a día nos asechan. Durante el día martes se dio a conocer, en un congreso virtual, que Argentina y el Fondo COVAX no pudieron llegar a un acuerdo para que el país obtenga nuevas dosis de Pfizer contra el COVID-19.

El Fondo COVAX es una organización compuesta por sectores públicos y privados de distintos países y su finalidad es la distribución global de vacunas contra el COVID-19 en forma equitativa. Su director Santiago Cornejo, contó que Argentina es uno de los países que optó por el modo “compra opcional” que le permite tener más participación en la negociación de vacunas, bajo el costo de obtener vacunas más costosas. Además afirmó que no se puedo llegar a un acuerdo con la Nación por cuestiones que aún no han sido demostradas por el gobierno, a pesar de que expusieron un documento donde sólo se demostraba que Argentina no había rechazado las vacunas, sino que no había acordado con el Fondo.

Un dato curioso que se presenta es que durante mes de abril del año corriente se reveló que el ex ministro de salud Ginés González García había decidido obtener el mínimo de dosis cuando el mecanismo de COVAX le daba la posibilidad de obtener hasta casi 18 millones de dosis, ante esto, el funcionario Mauricio Monsalvo del Ministerio de Salud, afirmaba ante la cámara de diputados que optar por el mínimo era la decisión “más inteligente”. Es decir, el gobierno argentino pudo haber logrado un acuerdo con el fondo COVAX para lograr la vacunación del 20% de la población, pero la opción “más inteligente” fue obtener la menor cantidad que habilitaba el Fondo.

Sumado al conflicto que se inició por las declaraciones del director del fondo, durante el día miércoles, el jefe de gabinete Santiago Cafiero elevó un informe al congreso, respecto del mandato constitucional que le obliga a presentarse ante los legisladores, por lo menos todos los meses (lo cual no ha realizado hasta ayer) para informar sobre la marcha del gobierno (Artículo 101 de la Constitución Nacional), en donde afirmaba que el gobierno no le solicitó más vacunas al Fondo COVAX para “ahorrar dólares”.

Uno podría llegar a avalar la afirmación del jefe de gabinete por la situación económica del país, pero lo que resulta raro es cómo se administra el presupuesto durante un gobierno cuya principal bandera ha sido el cuidado de la salud. Emisión monetaria pagada en dólares, IFE, AETP y demás planes sociales, sumado al cierre de exportación de carnes, número considerable de impuestos, todo esto sin mencionar la cantidad de regulaciones que soporta un comerciante y le impiden ejercer el comercio de manera sencilla para generar riquezas.

En otra situación a parte, el gobierno adquirió vacunas Sputnik V a 9.9USD cada una, mientras que en los contratos firmados con India, COVAX y el propio laboratorio, el precio de cada dosis de AstraZeneca termina siendo un aproximado de 4USD. Sumado a esto el contrato con el laboratorio británico de dicha vacuna estipula que el gobierno Argentino paga 92 millones de dólares, que fueron efectivamente pagados, a cambio de 22 millones de dosis de las cuales hasta el día de hoy no se registra ninguna vacuna obtenida de ese contrato, si se obtuvieron dosis de AstraZeneca gracias al Fondo COVAX e India.

Ante tantas dudas que se han sembrado por el tema en cuestión, el gobierno nacional no ha esclarecido como se han realizado algunas de las negociaciones con las distintas empresas extranjeras, cuando nace de la ley la obligación de no mantener en secreto estos tipos de actos (Ley 27275 Acceso a la información pública). A consecuencia de esto legisladores nacionales como De Marchi, Francisco Sánchez, entre otros, plantearon una denuncia para que se investigue la situación, mientras que por otro lado Graciela Ocaña (ex diputada nacional del PRO) haría una presentación formal en los Estados Unidos para que Pfizer explique los términos de la negociación.

Las dudas se hacen cada vez más grandes si recordamos que en julio del año pasado, el presidente Alberto Fernández anunciaba el acuerdo con el laboratorio de Pfizer, en el cual miles de argentinos se adherían a un ensayo clínico y a cambio la Nación obtenía una preferencia tanto en el precio como en la compra de las dosis, una vez que estas se encontrasen aprobadas. Ese acuerdo se vio “sustituido” por la aparición en escena de AstraZeneca, el laboratorio británico acordó en agosto del 2020 con los empresarios Carlos Slim (Mexicano) y Hugo Sigman (Argentino, reconocido militante en campañas del Kirchnerismo, dato obtenido de la entrevista dada por él al diario “El Pais” España, 2016).

El acuerdo con los empresarios consistía en producir 150 millones de dosis en Buenos Aires y dosificarlas y envasarlas en México, Argentina obtendría 22 millones (de las cuales 2 millones pudieron llegar al país desde una aerolínea canadiense) mientras que los centroamericanos 77 millones de dosis. Hugo Sigman es fundador del laboratorio “mAbxience”, el cual produjo las dosis y envió hacia el país centroamericano, ya en México las dosis no pudieron ser exportadas en su totalidad por cuestiones administrativas, por lo que la vacuna de AstraZeneca que llegaron a nuestro país provienen de COVAX e India. El único ganador que se observa en esta cuestión es el empresario Hugo Sigman, ya que ni Argentina pudo obtener las vacunas producidas, ni México pudo exportar las envasadas, pero el empresario si cumplió con el hecho de enviar las dosis hacia el norte.

El gobierno nacional se ha mostrado muy preocupado primordialmente en materia de salud a lo largo de toda la pandemia. Al día de hoy luego de contratos firmados y no firmados, Argentina cuenta con tan solo el 6% (2.8 millones) de la población completamente vacunada, también disponemos de contratos donde cumplimos pero la otra parte no (Laboratorio AstraZeneca), de un acuerdo con COVAX que el gobierno no ha salido a esclarecer y de un multimillonario ganador: Hugo Sigman.