Sin conexión judicial

“El derecho se compone, en parte, por la cultura, entonces resulta contradictorio la existencia de una justicia sin conexión con las demandas sociales..”

Argentina es un país en donde el aburrimiento no está permitido, a menudo salen por los medios noticias que divierten, estresan y hasta enojan a la comunidad o parte de ella. El “lado B” de esto, es que el contenido de tales noticias no suelen ser comunes al estereotipo de un país “normal”. 

Como para dar un sencillo ejemplo de esto, en el mes corriente (Abril) tuvimos la inflación mensual más alta de los últimos 20 años (6,7%), luego de que el Presidente semanas atrás anunciara el comienzo de una “guerra contra la inflación”.

Dentro de las noticias diarias que alimentan al “desorden” de nuestra Nación, se encuentran las decisiones judiciales, normalmente las más relevantes son aquellas que contienen a un “Macri” o “Fernández” en la carátula del expediente, pero también existen aquellas que, para el interesado, suelen ser de un contenido cuanto menos llamativo.

Caeríamos en una falacia si decimos que la totalidad de la justicia Argentina (llámese a los Jueces Provinciales, Federales, Cámaras, Corte Suprema, etc.) sigue una unificada línea política e ideológica, y más a profundamente le estaríamos negando a la justicia uno de sus principios bases: la imparcialidad.

Por lo que, si insistimos en querer definir una postura política e ideológica de los magistrados, deberíamos sumergirnos en la tarea de analizar fallo por fallo de cada juez en particular para extraer la información. Claramente esto sería un sin sentido.

Como excepción particular de ello, Eugenio Zaffaroni en el año 2021 decía que el único previsible en la Corte era el ex presidente de la misma, Carlos Rosenkrantz. Acá colisionan dos jueces del más alto tribunal, en donde la mayoría de los ciudadanos conocemos sus posturas ideológicas, ya sea por jurisprudencia, doctrina, su llegada a la Corte, etc.  

Nuestra forma republicana de Estado, aunque se promulgue la división de poderes, provoca por naturaleza propia que la justicia se vea entremezclada con el poder político y viceversa. Este tema conlleva una profunda discusión a la que no me quiero inmiscuir, pero sí analizar los efectos que este fenómeno nos ofrece.

En la división de poderes del Estado, el Poder Judicial tiene la obligación de controlar a las otras dos ramas de aquel (Legislativo y Ejecutivo). Pero en la actualidad se puede notar a una “justicia débil”, no porque falte estructura o actuación que la fortalezca, sino porque sus decisiones no se encuentran apoyadas por el común de la gente. Si se juzga a favor de tal idea, es un juez oficialista, si juzga a favor de la otra, es un juez golpista.

La Justicia Argentina está en una debacle, la gente necesita de una justicia fuerte, ejemplar. El derecho se compone, en parte, por la cultura, entonces resulta contradictorio la existencia de una justicia sin conexión con las demandas sociales, ¿esto pasa en otros lados no?.

El Estado argentino, en sus tres manifestaciones perdió parte de la confianza popular, esto claro que resulta peligroso, pero -por desgracia- sabemos que esta situación es agua corriente en nuestro país. 

¿Cómo puede solucionarse esto? De haber una receta clave, Argentina ya hubiera salido de esta situación hace años. Pero lo que sí pueden haber son procesos, en donde se vuelva a interponer a la ley por encima de los jueces, que las interpretaciones de estos no destruyan el contenido de la norma, y no menos importante, que la sociedad comprenda que existe un cuerpo normativo preestablecido al que debe respetarse.

Sería peligroso, y hasta autoritario, que una norma sea aplicada en un 100% según su literalidad, para que eso no suceda debe existir la conexión entre funcionario y sociedad. Lograr así un feedback entre demandas sociales y decisiones judiciales que armonice el -en el buen sentido- el desorden que implica nuestra Nación. 

En el momento donde se personifica la figura de un funcionario es cuando comienza la brecha entre éste y la sociedad. Resultará entonces de vital importancia, que los funcionarios del Estado recuerden su papel de agentes públicos, junto con su función que implica el cumplimiento de fines que la sociedad les exige.